«Tener mayoría absoluta y no ser capaces de aprobar en tiempo y forma los presupuestos sólo se puede explicar por falta de interés, desgana y una alarmante irresponsabilidad política»

A mediados del mes de diciembre, el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada continúa sin haber aprobado el Presupuesto Municipal para 2026, una situación de extrema gravedad institucional que evidencia la falta de
planificación, la desorganización y la ausencia de trabajo del equipo de gobierno formado por el Partido Popular de Raúl Riaño y Por La Rioja de Óscar Reina.
El presupuesto municipal no es un trámite administrativo, sino la herramienta fundamental para garantizar el funcionamiento diario del Ayuntamiento, planificar inversiones y permitir el desarrollo económico y social de la ciudad. Sin embargo, y pese a contar con mayoría absoluta, el actual equipo de gobierno encadena ya el tercer presupuesto consecutivo prorrogado, una circunstancia difícilmente justificable y que pone en cuestión su capacidad de gestión. Tener mayoría absoluta y no ser capaces de aprobar en tiempo y forma el expediente más importante de una administración local solo puede explicarse por una grave falta de previsión y responsabilidad política, impropia de quien tiene la obligación de gobernar.
Además, el presupuesto de 2026 nace ya seriamente condicionado por diversos factores:
• El incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en los últimos trimestres.
• La obligación de ajustarse al Plan Presupuestario 2026-2028, aprobado el 5 de marzo de 2025, tras reconocerse que el Ayuntamiento estaba gastando por encima de sus ingresos.
• El incremento del gasto corriente derivado de decisiones políticas, como el nuevo modelo de limpieza viaria elegido por el PP y Por La Rioja, que supondrá más de 250.000 euros adicionales respecto a la partida existente, un sobrecoste que acabará repercutiendo directamente en los ciudadanos.                                                                                  • La previsión de importantes obligaciones reconocidas derivadas de sentencias judiciales firmes, que podrían superar los 600.000 euros, como ocurre con el convenio del cuartel de la Guardia Civil.
A esta situación se suma la falta de transparencia del equipo de gobierno, que continúa sin facilitar información detallada sobre los procedimientos judiciales abiertos contra el Ayuntamiento, muchos de ellos originados por no
gestionar en plazo o dejar caducar expedientes, lo que acaba generando condenas económicas que se pagan con fondos públicos. Lejos de afrontar esta situación con seriedad, el último paripé del alcalde respecto a los presupuestos ha sido remitir, hace apenas dos días, una carta a los grupos de la oposición solicitando propuestas de partidas para incluir en el presupuesto. Una iniciativa carente de rigor, ya que resulta imposible realizar
propuestas responsables sin disponer previamente de información básica sobre las partidas presupuestarias, los límites de gasto o el volumen real de inversiones disponibles. Sin esos datos, cualquier planteamiento carece de
solvencia técnica. Sin esos datos, cualquier propuesta carece de rigor: se puede plantear, por ejemplo, una inversión de dos millones de euros para la renovación de la red de agua cuando, quizá, el presupuesto no contemple ni
remotamente esa cantidad para el conjunto de inversiones municipales Asimismo, el presupuesto de 2026 deberá incorporar necesariamente el impacto económico de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que,
según el propio alcalde, se encuentra en fase final de elaboración, lo que supondrá un incremento del capítulo de personal y condicionará aún más la viabilidad real del presupuesto.
Conviene recordar que el retraso en la aprobación del presupuesto municipal de 2025, que no se llevó a pleno hasta el mes de junio, supuso la pérdida de más de 500.000 euros en fondos europeos destinados a la ampliación de la
escuela infantil municipal. Un perjuicio directo para la ciudad y para las familias calceatenses. Todo apunta a que el presupuesto de 2026 seguirá el mismo camino y, siendo muy optimistas, no se aprobará hasta el mes de marzo, con las consecuencias negativas que ello conlleva para la planificación y la gestión municipal.

Resulta especialmente llamativo que el Partido Popular exija responsabilidades en otras administraciones por no aprobar presupuestos en tiempo y forma cuando no cuentan con mayoría absoluta, mientras que, en Santo Domingo de la Calzada, teniendo mayoría absoluta, reproduce exactamente la misma situación que critica.
Desde Muévete Santo Domingo exigimos responsabilidad, transparencia y la aprobación inmediata de unos presupuestos realistas, legales y útiles, que permitan a la ciudad avanzar y no seguir perdiendo oportunidades por la mala gestión de su equipo de gobierno.